La Fiscalía General de la Nación, en una labor articulada con la DIJIN de la Policía Nacional y las autoridades de Panamá, desarticuló a una estructura señalada de engañar a jóvenes colombianas para explotarlas sexualmente en el extranjero.
Con ofrecimientos de trabajos como enfermeras y niñeras en Panamá, esta organización contactaba a mujeres entre 18 y 23 años, y las convencía de viajar a cambio de altas remuneraciones. Las personas que creían en estos ofrecimientos eran retenidas en viviendas, les quitaban los documentos y las obligaban a ejercer actividades sexuales hasta cumplir con el pago de una deuda de 1.700 dólares.
De acuerdo con los testimonios recibidos, la suma impuesta ascendía diariamente por los gastos de alimentación, manutención y estadía en Panamá.
En septiembre de 2020, fueron rescatadas en Ciudad de Panamá 24 víctimas colombianas de esta estructura. Adicionalmente, fueron detenidas cinco personas, quienes serían las encargadas de la custodia y explotación sexual de las mujeres.
Algunas denuncias recibidas en su momento y las actividades investigativas realizadas permitieron en menos de un año identificar a los cinco supuestos articuladores en Colombia de todo el andamiaje ilegal, los cuales fueron capturados en Medellín (Antioquia).
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó delitos como: concierto para delinquir, trata de personas y desplazamiento forzado. Cuatro de los procesados recibieron medidas privativas de la libertad.
Los investigados
Entre los judicializados en esta acción investigativa está el señalado cabecilla de la red de trata de personas, identificado como León Darío Bonilla Echeverri. Este hombre sería el encargado de financiar la compra de los tiquetes aéreos, y la adquisición de pasaportes, documentos y demás elementos requeridos para trasladar las jóvenes a Panamá.
De igual manera, se estableció que Bonilla Echeverri entregaba 500 dólares a cada una de las mujeres reclutadas en el aeropuerto José María Córdova, antes de salir del país. También hay indicios de que, al parecer, tomaba fotografías a las casas de las víctimas y sus familiares para intimidarlas y obligarlas a pagar la cuota exigida.
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