La JEP ya imputó a militares como Alexander González Almario, presunto responsable de 30 ejecuciones en ese departamento.
La Brigada XVI del Ejército Nacional desarrolló una máquina de la muerte en el departamento de Casanare, entre los años 2005 y 2008. En ese periodo, según registros de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ese brazo de la fuerza pública habría estado involucrado en al menos 303 ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes (falsos positivos).
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos es una ficha esencial en la defensa jurídica de las víctimas de falsos positivos en Casanare. Desde 2007 le han brindado acompañamiento a centenares de familias en esa zona de los Llanos Orientales, donde encontraron patrones criminales tan aterradores, como la obsesión de Torres Escalante por mostrar resultados con “litros de sangre” -como está registrado en la JEP- o los pedidos de Soto Bracamonte para que a sus filas llegaran militares “expertos en matar sin preguntar”.
Desde el año pasado los avances en la justicia transicional para esclarecer estos crímenes han dado como resultado la imputación de una treintena de esos uniformados (una cifra tres veces más alta que la de otro subcaso de larga escala como el de Catatumbo, en el que procesan a parte de los responsables de los casos de las madres de Soacha).
Hombres como el mayor general (r) Henry Torres Escalante y Gustavo Enrique Soto Bracamonte, cabeza del Gaula del Ejército en Casanare por esos años, ya fueron identificados como dos de los máximos responsables por esos crímenes de guerra. Ellos, junto con otros 23 militares, fueron imputados el 27 de julio de 2022 y desde allí no se han detenido las investigaciones para dar con respuestas certeras y prontas a las familias de los asesinados de por qué, cuándo y cómo sus seres queridos fueron parte de una campaña de exterminio que estuvo dirigida por el Estado colombiano.
El abogado Fernando Rodríguez Kekhan hace parte de ese comité y ha representado a víctimas de falsos positivos en Casanare desde 2007. Conoce los pormenores de los procesos judiciales de los militares de la Brigada XVI desde que sus folios estaban en justicia ordinaria y ahora, con la reciente imputación del exsoldado Alexander González Almario, su voz recopila un llamado general de los familiares de los asesinados por el Ejército en estos escenarios para encontrar verdad y reparación, más allá de las imputaciones con las que ya los cargó la JEP.
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