Ante la contundencia de la actividad investigativa realizada por la Fiscalía General de la Nación, Jhonatan Torres Campos, de manera voluntaria, suscribió un acta de preacuerdo dentro del proceso que se le sigue como presunto responsable del crimen de la psicóloga Adriana Pinzón Castellanos, ocurrido el pasado 7 d junio, en Zipaquirá (Cundinamarca).
En ese sentido, el hombre se comprometió a aceptar los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada. De igual manera, previo aval judicial, recibiría una pena de 28 años de prisión y deberá pagar una multa de 600 salarios mínimos mensuales vigentes; además de inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Abundante material de prueba y evidencia física dan cuenta de que Torres Campos habría sido la última persona que vio a la víctima con vida. Asimismo, permitieron detectar las contradicciones en las que, supuestamente, incurrió para evitar que los investigadores lo descubrieran y ubicaran el cuerpo de su cuñada.
La ruta del esclarecimiento
Luego de que los familiares de la psicóloga reportaron su desaparición, la Fiscalía activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) y, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, puso en marcha un plan metodológico para avanzar con rapidez en el esclarecimiento.
Inicialmente, los videos de las cámaras de seguridad del conjunto residencial donde vivía Adriana Pinzón mostraron que Torres Campos ingresó al apartamento ese 7 de junio pasado el mediodía. Entre la tarde y noche salió en dos oportunidades con el carro de su cuñada. Primero, con un morral negro; luego, con bolsas plásticas que cargaba con dificultad y dejó en el baúl del vehículo.
De otra parte, en la inspección hecha al inmueble de la mujer, los peritos del CTI hallaron rastros de sangre en una habitación y en otros puntos.
Adicionalmente, un conocido del investigado reveló que Torres Campos le dio a guardar un maletín, el cual tenía cuchillos con manchas de sangre, fotografías y documentos de la psicóloga como la licencia de conducción.
El pasado 15 de junio, el señalado agresor fue presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada. El procesado no aceptó los cargos y recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
Las labores investigativas continuaron y arrojaron nuevos elementos que permitieron a un equipo especializado del CTI ubicar el cuerpo de Adriana Pinzón Castellanos, la madrugada del reciente 23 de junio, en una zanja ubicada a un costado de una vía de la vereda Río Frío, en Zipaquirá (Cundinamarca). La mujer estaba oculta en cuatro bolsas plásticas industriales y, según el dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tenía algunas heridas ocasionadas con arma cortopunzante.
La Fiscalía determinó que los móviles del crimen serían económicos y estarían relacionados con el afán que tendría Torres Campos por cubrir varias deudas.
El preacuerdo suscrito fue socializado con las víctimas y será presentado ante un juez de conocimiento para su aprobación.
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